Fuente: NC Noticias
Xalapa, Ver.- Es necesario que el Congreso de Veracruz revise y autorice el aumento en el costo del servicio de agua potable en los 212 municipios, sin importar si el servicio lo otorga operadoras municipales o la Comisión Estatal de Aguas de Veracruz (CAEV).
Así lo propuso el diputado local Fernando Arteaga Aponte, quien reconoció que en la actualidad los ayuntamientos y la CAEV tiene el control de las tarifas y se han incrementado de manera excesiva, lesionado el bolsillo de los veracruzanos.
Por lo anterior, presentó una reforma que obligará a concesionarios, operadoras de agua y a la CAEV a presentar al Congreso su propuesta de cuotas y tarifas, “que será analizada, dictaminada y aprobada por los diputados, y se establece que se tendrá que colocar medidores, que pagará el prestador del servicio”.
Solo si no hay un aparato medidor se podrán establecer cuotas fijas, pero se dará prioridad a tasar el costo en base al consumo y no de manera unilateral de parte de las operadoras, “el tema lo vamos a discutir el año que entra”.
Reconoció que existe malestar en los usuarios pues en algunas ciudades como Xalapa se ha dado un aumento, y por eso se buscará regular desde la Cámara de diputados.
Apenas este 14 de diciembre en el caso de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil reconoció que el costo del servicio en la ciudad ha incrementado en un 18 por ciento, un ocho por ciento corresponde a un aumento acumulado, aprobado por la indexación de la inflación, y el otro 10 por ciento que validó el Cabildo, ante lo abultado de la nómina de la Comisión Municipal de Agua de Veracruz (CMAS).
El edil explicó que pagan una nómina de 500 millones de pesos, mientras que la CMAS tiene un ingreso anual de 540 millones de pesos, por lo que era necesario el aumento que se aprobó desde el mes de mayo. Justificó que dadas las condiciones económicas el alza debía ser de un 43 por ciento.
En ese sentido, el diputado local de Morena planteó que es necesario que desde el Congreso de Veracruz se pueda filtrar, aprobar o adecuar las tarifas que se cobran a los usuarios.
“La problemática que se ha presentado en la actualidad, es que por disposiciones de la ley 221 en el 2010, los prestadores de servicio públicos no se ven obligados en entregar su proyecto tarifario, resultado en la aplicación de tarifas desmedidas que afectan a los ciudadanos, afectando el derecho humano al agua”.
