Xalapa, Veracruz.- Ante la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para realizar las investigaciones de los créditos y descuentos a más de 200 profesores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), profesores integrantes de Fuerza Magisterial interpusieron dos juicios de amparo para obligar a estas entidades a cumplir con su función investigadora.
En conferencia de prensa, José Luis Mendo Sobrevilla y Lourdes García Mora, representante de la organización, dieron a conocer que la acción legal es para exigir la restitución de derechos hacia los docentes que reciben descuentos vía nómina y, lo más grave, es el caso de algunos de ellos que no solicitaron dichos préstamos.
Recordaron que en diciembre del 2020 se presentaron tres denuncias en contra de servidores públicos de la SEV, una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una demanda laboral.
Recordaron que en el caso de la SEV, se denunció a su titular Zenyazen Escobar García; la Oficial Mayor, Ariadna Aguilar Amaya; y el Director General de Nóminas, Clemente Landa, por presunto incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad; debido a que debían pagar el salario de los docentes como está establecido en la ley, pero permitieron la aplicación de los descuentos por préstamos que sí se solicitaron, en montos que fluctúan entre los 10 mil a los 300 mil pesos, para terminar pagando casi el triple de lo otorgado.
Acompañado del abogado Miguel Ángel Matus, representante legal de los docentes, expresaron que algunos convenios no se realizaron en la presente administración, pero al haber tomado el cargo hace dos años, debieron reportar cualquier acto ilícito ante la Contraloría General del Estado.
«Si ganamos esos amparos, obligarán tanto al Orfis como a la FGE a investigar, con eso también se obligaría al Orfis a practicar una auditoría a la Dirección General de Nóminas de la SEV para investigar cuántos son los afectados y se realice la restitución del daño”, añadió.
Sobre el particular, el representante legal de Grupo Omerta, Miguel Matus Blanco, dio a conocer que se lleva la defensa de alrededor de 200 maestros; pero que son miles los afectados, no sólo en la SEV, sino también en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Instituto de Pensiones del Estado y el IMSS a nivel federal, entre otras dependencias gubernamentales.
“Nosotros como defensa no buscamos evadir el pago de aquellos que reconocen haber solicitado los préstamos, pero en otros casos, hay la presunción de que hubo falsificación de documentos y firmas, por eso estamos recurriendo a todas las acciones jurídicas posibles”, estableció.
Mencionó que se está solicitando una auditoría integral, contable y de legalidad, para determinar que el acto es legal y que un convenio y un contrato no puede normar por encima de lo que establece la ley, y sobre todo, porque son muchos los docentes que están siendo afectados a causa de los diversos préstamos que solicitaron a empresas financieras y los funcionarios merecen ser investigados.
Por cuanto hace a la queja interpuesta ante la CEDH, dijo que ésta se encuentra en la etapa de solventación y se agotan todas las vías legales y jurídicas, “tenemos la intención de entablar una demanda laboral para que se declare judicialmente la nulidad del acto para restituir los derechos de los trabajadores», recalcó.
El representante legal de los docentes, finalmente exhortó a los organismos y dependencias a las que recurrieron, a dar una garantía en los derechos humanos de los profesores y en los casos donde no hubo solicitud de préstamo se haga una devolución de los recursos.
