Notificó el ORFIS a funcionarios, observaciones y recomendaciones de la cuenta pública 2014.

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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) notificó a los contralores internos de los poderes públicos, organismos autónomos, municipios y entidades paramunicipales las observaciones y recomendaciones de carácter administrativo que fueron objeto en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014.
Esto, derivado de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto número 858, en donde se da cuenta de esas observaciones y recomendaciones, para que los responsables del ramo, en el ámbito de su competencia, las atiendan y del resultado que se obtengan lo hagan del conocimiento del órgano fiscalizador, lo cual debe ser antes de finalizar el mes de diciembre del presente año.

img_5558-574x225Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del estado, informó que el resultado que se obtenga de la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior relativa a la Determinación de Responsabilidades y Finamiento de Indemnizaciones y Sanciones y de las observaciones y recomendaciones de carácter administrativo a las entidades fiscalizables debe estar apegado a la legalidad, realizado de manera imparcial y hecho por servidores públicos íntegros, que estén conscientes de que con su trabajo impulsan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos logrando así la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Recordó que el pasado viernes el ORFIS inició la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior relativa a la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones por medio de la notificación a servidores y ex servidores públicos para que comparezcan a la Audiencia de Pruebas y Alegatos.

Indicó que la fase incluye a 46 ayuntamientos veracruzanos, con un total de 303 servidores y ex servidores públicos notificados y cinco entes estatales, con un total de 18 servidores y ex servidores públicos advertidos.

Refirió que una vez que se reciban las pruebas documentales de los servidores y ex servidores públicos debidamente certificadas, éstos tendrán 30 días hábiles para emitir la respuesta correspondiente acerca de si están en condiciones de solventar o no el presunto daño patrimonial determinado.

Finalmente, el auditor general recordó que para el caso de los ayuntamientos se tiene un monto determinado como presunto daño patrimonial de 116 millones 900 mil pesos y que en el caso de los entes estatales el monto es por la cantidad de 47 millones 100 mil pesos haciendo un total de 164 millones de pesos.

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