Por Samuel Aguirre Ochoa
El pasado 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio un duro revés al gobierno morenista de Veracruz, al declarar inconstitucional reforma electoral aprobado en el Congreso del Estado el pasado mes de junio. Echó abajo el intento de blindar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en contra la revocación de mandato, así como la pretensión de recortar el 50% de las prerrogativas a los partidos políticos.
Consideró inconstitucional permitir la reelección inmediata de los alcaldes e impidió que el periodo de gobierno de éstos se redujera de 4 a 3 años. Además, evitó que desaparecieran los 212 consejos municipales del OPLE, que deberán organizar las elecciones de los ayuntamientos en el 2021.
Eliminó una reforma electoral que pretendía facilitar la injerencia del gobierno del estado en los comicios electorales del próximo año, que quitaba recursos económicos a los partidos de oposición para dejarlos en desventaja frente a Morena. Una reforma antidemocrática cuyo propósito era concentrar el poder en manos de un solo grupo político para satisfacer sus oscuros y mezquinos intereses.
Los ministros de la Corte consideraron que esa reforma electoral era violatoria de los derechos y garantías protegidos en la Constitución Política de México, lo que pone de manifiesto, una vez más, lo que el Movimiento Antorchista en Veracruz ha venido señalando con anterioridad: que Veracruz está siendo gobernado por funcionarios movidos por la ambición de dinero y de poder, que poco le importa atropellar las leyes y violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, tales como el derecho de organización, de gestión y de libre manifestación.
El gobierno morenista de Veracruz pretendía debilitar a los partidos de oposición y a los órganos electorales, para facilitar el fraude e imponer a sus candidatos en los puestos de elección popular, porque saben que por la vía democrática tienen perdida la elección, dado los pésimos resultados que ha tenido en la actual administración: falta de obra pública, aumento de la delincuencia, crecimiento del desempleo y de la pobreza, debido a que no brindaron apoyos a la gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia. Así como por los escándalos de corrupción y nepotismo en los que se han visto envueltos diversos funcionarios estatales.
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se niega a atender a la población y resolver sus necesidades básicas, como son la introducción de los servicios en las colonias y pueblos, como el agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación de calles; se niega a resolver los problemas de la falta de hospitales, la falta de lotes para vivienda, de regularización, de apoyos al campo con semilla mejorada y fertilizantes que permitan mejorar la producción, etc. Cierra las puertas del Palacio de Gobierno a la población veracruzana y hace oídos sordos a las demandas de la gente, tal como ha sucedido con diversos grupos de veracruzanos que le han solicitado audiencia.
El pasado 10 de noviembre una Comisión de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista acudió hasta el Palacio de Gobierno para pedir hablar con el gobernador de Veracruz y solicitar su intervención para que se resuelvan las demandas que le fueron planteadas por el Comité Estatal en un petitorio desde el inicio de la administración y las puertas de la casa del pueblo fueron cerradas con cadenas, como si tratara de una cárcel. Después de insistir en la solicitud de audiencia, un funcionario de quinto nivel salió a recibir el escrito y dijo que luego se comunicarían con ellos, sin embargo, hasta la fecha siguen sin dar respuesta.
Por estas y muchas otras razones, en 2021, los veracruzanos tenemos la oportunidad de impedir mediante nuestro voto que se siga concentrando el poder en manos de un partido político que conduce a Veracruz hacia una dictadura autoritaria y con pésimos resultados para la población. Impidiendo que Morena obtenga la mayoría de los diputados en el Congreso Local y en los ayuntamientos. Además, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deberá enfrentarse a la consulta de revocación de mandato en 2022, en la que seguramente saldrá mal librado.
Así pues, insistimos en que el pueblo de Veracruz debe conformar una gran alianza que se proponga impulsar a los mejores perfiles para los cargos de elección popular y garantizar que nuestros gobernantes trabajen en beneficio de todos los veracruzanos. Garantizar contar con diputados en el Congreso que verdaderamente defiendan los intereses del pueblo y no con lacayos del ejecutivo como sucede ahora, y alcaldes que conozcan la problemática de la gente, sepan gobernar y administrar los recursos generados por nuestros impuestos.
